jueves, 30 de septiembre de 2010

Julio Herrera visitó PTAR en San Juan de Miraflores

CONGRESISTA PROPONE DEFENDER A SEDAPAL CONTRA INTENTO DE MUNICIPALIZACIÓN O PRIVATIZACIÓN
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) es una empresa que pertenece a todos los peruanos y debe ser protegida frente a cualquier intento de municipalización o privatización, expresó el congresista Julio Herrera (PAP), al concluir la visita que hizo el miércoles 29 a las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San Juan de Miraflores, que la empresa administra en el kilómetro 14.5 de la Panamericana Sur.

Herrera Pumayauli dijo que Sedapal es una empresa que está dando calidad de vida a toda la población de Lima y Callao, gracias a las plantas de tratamiento de aguas servidas, lo que permite regar parques y cultivos que mejoran la calidad del aire, y descontaminar las aguas que llegan hasta el litoral, asegurando playas limpias para la época veraniega.

El congresista visitó la PTAR San Juan, donde se informó que desde hace una década descontamina, a un ritmo de 400 litros por segundo, las aguas servidas que provienen de Villa El Salvador (250 lt/seg) y parte de San Juan de Miraflores (150 lt/seg), para luego ser utilizadas para regar 200 hectáreas, entre ellas el Parque Zonal y los cultivos de maíz y plantas ornamentales del lugar.

La de San Juan es una de las cinco más importantes PTAR instaladas por Sedapal en Lima Metropolitana, junto a las que funcionan en Carapongo, Puente Piedra, San Bartolo y Ventanilla, más una docena de plantas de menor capacidad, entre ellas las de Manchay y Ventanilla.



La PTAR San Juan cuenta con una cámara automática de retención de sólidos no degradables (vidrios, plásticos) y 40 lagunas aereadas, de pulimento y de cloración, donde las aguas son desarenadas, y sometidas a tratamiento para eliminar los microbios, según lo explicaron los ingenieros Percy Casma Gonzales y Raúl Córdova, responsables de los manejos digital y mecánico, respectivamente, de la planta.



Con la puesta en funcionamiento de la PTAR de La Chira, prevista para el año 2011, y la PTAR de Taboada, dentro de tres años, se espera completar el tratamiento del 100% de los desagües que se originan en Lima metropolitana y el vecino puerto, según lo reiteró la Ing. Sara Sarmiento Tirado, jefa del equipo de la planta visitada.



Esa labor que cumple Sedapal en el tratamiento de los desagües industriales y domésticos fue destacada por Herrera Pumayauli, quien anunció que está impulsando que se dé prioridad en la agenda del Pleno de la próxima semana al proyecto de ley de su autoría destinado a exonerar a Sedapal de cualquier proceso de privatización.



Dijo que el dictamen, aprobado en primera instancia en la Comisión de Vivienda y Construcción, cuenta con el respaldo de las bancadas nacionalista, fujimorista, de Alianza Parlamentaria y Alianza Nacional, entre otras.



Se trata de evitar que la empresa sea empleada con fines políticos o que se conviertan en el negocio de sectores privados que anhelan coparla en vista de sus éxitos en defensa de la calidad de vida, tras conocerse que es una de las diez mejores empresas públicas de Sudamérica.



Por el contrario, dijo el congresista, la empresa debe ser repotenciada para que sirva de ejemplo a otras entidades del Estado y se convierta en una Empresa Nacional de Saneamiento que extienda sus acciones a las localidades del interior y se proyecte al exterior, empezando por los países vecinos.

viernes, 10 de septiembre de 2010

Viernes, 10 de setiembre de 2010
Búsqueda de noticias:
Año de la Consolidación Económica y Social del Perú






Temperatura - Lima, Perú 18°C

                                                
SISTEMA ELECTRÓNICO

EVALUAN CREAR UN REGISTRO DE HISTORIAS CLINICAS

La creación del Registro Único Electrónico de Historias Clínicas para mejorar la calidad de la atención en el sistema nacional de salud propuso el congresista Julio Herrera.

Recalcó que esta iniciativa acoge el clamor de miles de pacientes que cuando acuden a un centro hospitalario tienen que solicitar su historia clínica y esperar que dicho documento sea ubicado y entregado al médico, perdiendo tiempo valioso.

El legislador dijo que la historia clínica constituye el documento en que el galeno consigna la información referente a la salud de su paciente desde su nacimiento hasta su deceso, incluyéndose los síntomas, tratamientos, análisis y demás datos que se requieren para el tratamiento de las enfermedades que presenta.

Señaló que la historia clínica está consignada en documentos llenados a mano, lo que ocasiona la demora de su redacción y su lectura, e incluso corre el riesgo de que ésta se deteriore o extravíe.

Herrera afirmó que con una historia clínica electrónica solo existirá un documento para cada persona, que será manejado por todos los centros hospitalarios del país.

La medida busca agilizar la atención médica y generar un ahorro a los pacientes, ya que no será necesario realizar nuevos exámenes cuando cambien de centro hospitalario o se atiendan en provincias, pues el sistema tendrá alcance nacional.

Fecha:10/09/2010

lunes, 6 de septiembre de 2010

APRUEBAN PROYECTO DE LEY QUE REPRIME CONDUCTAS QUE ATENTEN CONTRA INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

En la sesión de ayer jueves, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría y fue exonerado del trámite de la segunda votación el Dictamen del Proyecto de Ley Nº 952-2006-CR, Ley que modifica los artículos del Código Penal, 186º (hurto agravado), 194º (receptación), 206º (formas agravadas), 281º (atentado contra la seguridad común) y 283º (entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos); cuyo autor es el Congresista Julio Herrera Pumayauli.

Dichas modificaciones tiene como finalidad reprimir aquellas conductas delictivas que atentan contra las instalaciones e infraestructura de los servicios públicos; como el transporte, saneamiento, electricidad, gas y telecomunicaciones lo cual perjudica el patrimonio y el buen funcionamiento de las empresas prestadoras de servicios públicos. En este sentido la propuesta busca reducir la tasa de criminalidad.

En el caso de hurto agravado en instalaciones de transporte, equipos o elementos de seguridad para la prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas y telecomunicaciones, el autor será reprimido con prisión no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con penas de uno a tres años a los receptores de esos hurtos.

Se establece que la sanción carcelaria fluctuará entre los 6 y 10 años, si se trata de bienes que provienen de la comisión de los delitos de extorsión, secuestro y trata de personas.

Para los casos en que se actúe con violencia y se atente contra la integridad física o cauce grave daño a la propiedad pública o privada, la pena privativa de la libertad será no menor de seis años ni mayor de ocho. En el caso de atentados en contra de la seguridad común la pena será no menor de seis ni mayor de diez años de cárcel.

Asimismo, la norma prevé una pena carcelaria que fluctuará entre 1 y 6 años, para el delito de daño calificado que recaiga en equipos o bienes destinados a la prestación de los servicios públicos.

Del mismo modo se estableció una pena carcelaria no menor de 6 ni mayor de 8 años para quienes atenten contra fábricas, obras, infraestructura, instalaciones o equipos destinados a la producción, transmisión, distribución, almacenamiento o provisión de servicios básicos, así como contra la seguridad de los medios de telecomunicación y del transporte destinados al uso publico.

También se establece una pena carcelaria que fluctuará entre los cuatro y seis años, para los que entorpezcan el funcionamiento de los servicios de transporte, telecomunicaciones, saneamiento y electricidad.